Washington busca ruptura en relaciones con Venezuela

Por Eva Golinger

El Departamento de Estado sigue insistiendo en el nombramiento del Embajador Larry Palmer para Venezuela, a pesar del rechazo ya emitido desde Caracas, y continúa inmiscuyéndose en los asuntos internos del país suramericano

En agosto 2010, el Presidente Hugo Chávez declaró que Venezuela no aceptaría al Embajador Larry Palmer como embajador de Estados Unidos en Venezuela y retiró el beneplácito que ya le había sido otorgado unos meses antes. Esta postura firme del gobierno venezolano se asumió luego de que Palmer había emitido una serie de declaraciones sobre la política interna de Venezuela durante una sesión preliminar ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos.

Violando los principios y convenios internacionales sobre las relaciones diplomáticas entre países, Palmer opinó públicamente sobre la democracia venezolana, diciendo que estaba bajo "amenaza", y dijo que las Fuerzas Armadas de Venezuela tenían "bajo moral". Al mismo tiempo, Palmer reveló que su intención como embajador en Venezuela era aumentar el financiamiento y el acercamiento de Estados Unidos a grupos y organizaciones de la "sociedad civil" en Venezuela. Durante los últimos 8 años, agencias del Departamento de Estado, como la Agencia Internacional del Desarrollo de EEUU (USAID) y la National Endowment for Democracy (NED) han canalizado millones de dólares a grupos opositores que han utilizado esos fondos para ejecutar un golpe de estado y numerosos intentos para derrocar al gobierno venezolano.

Palmer es experto en el trabajo con las organizaciones sociales y partidos políticos en América Latina para promover la agenda de Washington, y su último cargo antes de esta nominación para encabezar la Embajada de Estados Unidos en Caracas, fue Director de la Fundación Interamericana, ente del Departamento de Estado dedicado a financiar grupos que trabajan a favor de los intereses estadounidenses en la región. El financiamiento externo a grupos políticos de la oposición en Venezuela ha servido para alimentar el conflicto en el país suramericano y al mismo tiempo mantener vivo a organizaciones y partidos políticos que actualmente dependen de los fondos de Washington para sobrevivir.

En sus declaraciones en agosto, Palmer también hizo referencia a la supuesta presencia de grupos terroristas en Venezuela, como las FARC, afirmando que era "cierto" y que era un tema de "alta preocupación". Esos comentarios fueron realizados luego de que el ex Presidente de Colombia Álvaro Uribe acusó a Venezuela ante la Organización de Estados Americanos (OEA) de proteger a las FARC y pidió una intervención militar contra Venezuela. Documentos recientemente revelados por Wikileaks confirman que Uribe había solicitado a Washington en 2008 atacar a Venezuela militarmente y que él mismo estaba listo para autorizar la entrada de tropas colombianas en territorio venezolano.

El Convenio de Viena sobre Relaciones Diplomáticas prohíbe la intervención en asuntos internos por parte de los diplomáticos extranjeros en los países anfitriones. Las declaraciones de Palmer fueron realizadas en clara violación de este principio internacional.

Días después de la reacción del gobierno venezolano sobre la retirada del beneplácito de Palmer, el Departamento de Estado reafirmó su nombramiento. "No tenemos otro candidato para ser Embajador en Venezuela. Larry Palmer sigue siendo nuestro candidato y fue seleccionado por el Presidente Obama para este cargo".

Luego del receso del Congreso estadounidense, Palmer fue aprobado el 15 de diciembre por el Senado de Estados Unidos como Embajador en Venezuela, a pesar de que ya no goza del beneplácito para ejercer dicho cargo. La postura de Washington parece ser de provocación. Si Venezuela no acepte a Palmer, Estados Unidos acusaría al gobierno venezolano de romper la relación diplomática entre los países, aunque esta misma situación ha sido provocado por Washington a través de una jugada sucia.

Documentos divulgados por Wikileaks del Departamento de Estado evidencian que desde hace cinco años, Washington ha trabajado a nivel mundial para aislar al gobierno de Hugo Chávez y provocar su salida del poder. En un documento redactado por el actual Asistente Sub-Secretario de Estado del Departamento de Estado, Craig Kelly, desde la Embajada de Estados Unidos en 2007, propusieron un "plan de contención" contra el Presidente Chávez, a quien calificaron como "enemigo formidable".

DECLARACIONES INTERVENCIONISTAS

Mientras que el Senado confirmó a Palmer como Embajador de Estados Unidos en Venezuela en una acción provocadora el miércoles 15 de diciembre, el vocero del Departamento de Estado, Philip Crowley, volvió a inmiscuirse en los asuntos internos de Venezuela, declarando que una ley habilitante en curso de ser aprobada por la Asamblea Nacional en Venezuela está semana, era un intento de "subvertir la voluntad del pueblo venezolano".

Empleando los mismos argumentos que han sido utilizados por sectores de la oposición en Venezuela, Crowley insinuó que la actual Asamblea Nacional no tiene el derecho de aprobar más leyes porque en enero 2011, se asumirá un nuevo parlamento, eligido en septiembre pasado. “En septiembre, millones de venezolanos ejercieron su derecho democrático de votar en las elecciones legislativas. Fueron unas elecciones exitosas y dieron a los venezolanos la oportunidad de enviar un mensaje claro al gobierno”, señaló Crowley.

Durante las elecciones parliamentarias el 26 de septiembre en Venezuela, el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), partido del Presidente Chávez, ganó 60% de los curules, con una mayoría contundente de 98 puestos que asegurarían la aprobación de leyes a favor del gobierno venezolano. El 40% en manos opositoras no podría ni aprobar ni obstaculizar ningún proyecto de ley, y menos retractar legislación ya aprobada.

La declaración de Crowley, además de no tener ningún fundamento en la realidad, viene justo cuando los republicanos en Estados Unidos, que ganaron la mayoría del Congreso durante las elecciones legislativas en ese país el 2 de noviembre, están reclamando al gobierno de Obama por insistir con la aprobación de varias leyes antes de que tome posesión el nuevo Congreso republicano en enero 2011.